De idiotas útiles e intolerantes
Fuente REVISTA CAMBIO

Los uribistas creen que el debate sobre la política de seguridad democrática debilita tanto a la reelección como a los candidatos del uribismo.
“Idiotas útiles” nos llama a los periodistas de CAMBIO el ex ministro Juan Manuel Santos, candidato en ciernes de La U, por haber publicado un resumen del informe de la Fundación Nuevo Arco Iris escrito por su director León Valencia —también columnista de El Tiempo y colaborador habitual nuestro—, sobre el estado actual del conflicto y cuya conclusión es que la política de seguridad democrática llegó al techo en lo militar y es necesario hacerle reingeniería. Olvida el ex Ministro sus tiempos de periodista y hace caso omiso de que el informe, basado en información oficial y de Inteligencia militar, la prensa regional y estudios de otros centros de investigación, fue difundido por diferentes medios, no solo por CAMBIO.
A nombre del Gobierno reaccionó el ministro de Defensa Gabriel Silva, que si bien fue más ponderado y reconoció que falta camino por recorrer, acudió al fácil expediente de la descalificación porque supuestamente oculta intereses políticos. Y, como era de esperarse, también se vino lanza en ristre el ex asesor José Obdulio Gaviria, con su gastada estrategia de señalar sin argumentos a quienes piensan distinto a él como amigos de las Farc o de Chávez. El caso es que ninguno parece haber leído el informe completo y por eso ni se enteraron de que reconoce los logros de la política, que disminuyó en forma significativa el número de homicidios, secuestros, extorsiones, atentados, tomas de poblaciones…, y destaca los esfuerzos del Estado y del sector privado que permitieron al Gobierno aumentar en más del 70 por ciento los efectivos de la Fuerza Pública y el gasto en defensa.
Advierte, sin embargo, que las acciones de las Farc han aumentado este año con respecto al pasado y que se han multiplicado las bandas criminales —el Gobierno las bautizó con nombre de antibiótico: Bacrim—, que son el recicle de desmovilizados y no desmovilizados, y que compiten por el negocio del narcotráfico y siembran el terror en algunas regiones. Y llama la atención sobre los dramáticos índices de inseguridad en las ciudades, algo en lo que coincide el programa ‘Cómo Vamos’ promovido por El Tiempo en Cali, Medellín, Barranquilla y Bogotá.
El sesgo antiguerrilla de la política de seguridad democrática, derivado del conflicto —amenaza terrorista lo llama el Gobierno—, explica por qué la mayoría de los recursos han sidos destinados a combatirla. El problema es que no fue formulada como una política integral de convivencia y seguridad para enfrentar también las diferentes formas de violencia en las ciudades, y que involucra a los militares y no a los gobernadores y alcaldes. Y un país donde el 70 por ciento de la población vive en las ciudades, reclama atención a sus crecientes problemas de inseguridad en las calles, en las casas, en los lugares de diversión: robos, atracos a mano armada, sicariato, ajustes de cuentas… No es un invento de la oposición, simples percepciones subjetivas o paranoia de la gente. Basta leer la prensa, ver los noticieros de TV y oír la radio todos los días.
Que se necesita más y no menos seguridad democrática, dice el ministro Silva. El informe no sostiene lo contrario, sugiere la necesidad de revisar y reorientar la política para responder a los nuevos desafíos entre los cuales figura, además, el de su sostenibilidad hacia el futuro. Plantear un reajuste de la política no convierte a los investigadores ni en idiotas útiles de la guerrilla, ni en agentes de intereses políticos oscuros.
Creo que la reacción, los epítetos, la descalificación del informe no solo son una muestra más de la intolerancia del uribismo recalcitrante a la crítica y a lo que no sea aplauso, elogio o adhesión incondicional, sino que obedecen, ellos sí, a los intereses políticos en juego. Creen que discutir esa política, lo cual es posible en cualquier democracia seria, debilita las posibilidades de reelección y la suerte de las candidaturas uribistas. Ese es el problema de una política con nombre propio, personalizada: que no logra institucionalizarse como debiera. Y lo cierto es que se ha frenado y deteriorado en las propias manos del Presidente.
/ María Elvira Samper
Editora Revista Cambio