¿Qué le ha significado a Colombia la ley de justicia y paz?
Foto: Giovanni Moreno
La Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005) fue impulsada por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y aprobada por el Congreso de Colombia, como marco jurídico para el proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y ha sido utilizada en procesos de desmovilización de guerrilleros. Durante su redacción y trámite fue criticada por grupos de derechos humanos y las Naciones Unidas entre otras organizaciones, quienes consideraron que era demasiado generoso ofrecer penas de entre 5 a 8 años como máximo, aplicables a aquellos delitos confesados por los mismos desmovilizados o en los que el Estado demostrara su autoría.
También fue blanco de críticas el que en un principio fuese relativamente limitado el período de tiempo para las investigaciones o procesos de delación que ayuden a generar el material probatorio. Las Naciones Unidas, mediante su vocero Michael Frühling, expresaron que la exigencia de una confesión total no fuese un requisito del proceso, sino que en principio se exigiera más bien una especie de versión libre sobre las actividades criminales de los desmovilizados, argumentando que eso constituiría un obstáculo para el pleno desmantelamiento del paramilitarismo y la reparación a las víctimas.
El gobierno colombiano y los defensores de la Ley de Justicia y Paz argumentaron que fue la primera ley y el primer proceso de desmovilización que ofrecía penas a combatientes y dirigentes que no habían sido vencidos en combate, en contraste con los procesos de desmovilización previos con las guerrillas. El entonces ministro del Interior y Justicia Sabas Pretelt declaró ante los medios que el exigir la confesión total podría ser causal de una violación a la Constitución, mediante la autoincriminación.
El ex Fiscal General Mario Iguarán declaró que su despacho continuaría con todos los procesos que impliquen posibles actividades criminales no confesadas, y que se actuará en consecuencia tanto en ese caso como contra los crímenes posteriores de los desmovilizados, en caso de ser necesario.
La Corte Constitucional al revisarla condicionó varios apartes y declaró inexequibles otros. En el fallo la Corte declaró que "quienes se acojan a la ley deberán cumplir a cabalidad sus resoluciones, como la confesión total de los delitos, la reparación y la verdad, y no volver a delinquir", a diferencia del proyecto de ley que pasó el gobierno y aprobó el Congreso donde la confesión plena no era un requisito y los delitos que se demostraran posteriores a la desmovilización no afectaban los beneficios jurídicos obtenidos por los desmovilizados.
Con el fin de escuchar las posturas de quienes han dado el debate tanto en el trámite de la ley como en su aplicación, el programa Política Pública de Paz de Nuevo Arco Iris, en conjunto con el Instituto de Pensamiento Liberal y Fescol realizaron un conversatorio a finales del 2009, en el que participaron Juan Carlos Palao y Gerson Arias del portal VerdadAbierta.com, Iván Cepeda del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -Movice- y Guillermo Rivera, representante a la Cámara, quienes compartieron sus posturas y análisis de lo que hasta hoy ha significado para Colombia la ley de justicia y paz.
Ver intervención Guillermo Rivera
