Más jóvenes para la hoguera

FUENTE El Colombiano

La idea del presidente Uribe de contratar a mil estudiantes universitarios de Medellín como informantes de la Fuerza Pública, en una estrategia para enfrentar el resurgimiento de los paramilitares y continuar la lucha contra las guerrillas, me hizo acordar de la actitud de las Farc ante las organizaciones sociales que visitaban el Caguán en la época de las negociaciones de paz.

Conversé con muchos de los líderes sindicales, con mujeres feministas, con dirigentes indígenas, con miembros de organizaciones de derechos humanos, con intelectuales y formadores de opinión, que se iban hasta ese alejado lugar del Caquetá a reclamarles a las Farc que respetaran su labor social, a decirles a los jefes de esta guerrilla que querían mantener su independencia plena del conflicto y desde allí luchar por una salida de paz para el país.

Se amparaban en el derecho humanitario. Señalaban que en medio de un conflicto, las organizaciones civiles podían y debían mantener una actitud autónoma, una postura neutral, que las alejara de las agresiones. Insistían en que la primera de las normas humanitarias era sacar a los civiles de la guerra.

La respuesta de las Farc era tajante. Nosotros no aceptamos neutralidades, en este conflicto la gente tiene que definirse: está con el gobierno o está con la guerrilla. No hay punto intermedio, les decían. Las personas que se atrevían a hacer estos reclamos salían de allí con la triste notificación de que su independencia podía costarles la vida o el destierro en las zonas donde hacía presencia la guerrilla.

Oí a varios estudiantes entrevistados en la televisión o la radio diciéndole cosas parecidas al presidente Uribe. No queremos que metan a la universidad en la escalada de violencia de la ciudad. No queremos que los claustros de estudio se conviertan en un lugar de batallas. La respuesta del Presidente y de los altos funcionarios del gobierno era también similar a la de las guerrillas. Toda la sociedad debe contribuir con la seguridad democrática, todos los ciudadanos deben comprometerse con la Fuerza Pública, no hay espacio para la neutralidad.

El escenario de la propuesta de Uribe no podía ser más angustioso y terrible. En Medellín, según cálculos muy discretos, han muerto más de 20.000 jóvenes en los últimos veinticinco años. La disputa de los narcotraficantes, de las guerrillas, de los paramilitares, de las Fuerzas Militares y de Policía, por el control de la ciudad, ha llevado al sacrificio a miles y miles de hombres y mujeres que apenas empezaban a acariciar la vida.

Pero uno de los espacios menos afectados por esta masacre continuada de jóvenes han sido las universidades. Quienes alcanzan a llegar a los estudios superiores es porque han escapado o están en trance de escapar del triste destino de las bandas y la violencia.

Parece una locura. Un mandatario que en vez de imaginar estrategias para impedir que la violencia toque a los adolescentes y a los jóvenes, hace propuestas para involucrar a quienes se han liberado de la tragedia.

Pero tamaño desatino sólo puede tener una explicación: el desespero. La política de seguridad democrática está en grandes dificultades debido a los graves errores que se cometieron en la negociación con los paramilitares. En Medellín se dejaron intactas las estructuras más especializadas de los paramilitares y se ha protegido a los políticos y agentes del Estado que se aliaron con estas fuerzas a finales del siglo pasado y principios de este siglo.

Es eso y no otra cosa lo que ha llevado a una nueva escalada de violencia. Ahora, cuando estas organizaciones y sus protectores políticos vuelven a sus andadas y desafían a la ciudad y al país, la única solución que se le ocurre al Presidente es enviar más jóvenes a la hoguera. La salida es tan descabellada que hasta los propios partidarios de Uribe y algunos altos funcionarios como la Ministra de Educación se han opuesto públicamente a su implementación.

/ León Valencia

lvalencia@nuevoarcoiris.org.co