Estudiantes informantes
FUENTE La Patria
Es más demandante reforzar las medidas de prevención, investigación y sanción institucionales y mucho más difícil y arduo producir un cambio en las propias comunidades, transformando complejas causas de la violencia.
La semana pasada el Presidente Uribe anunció la intención de crear una red de informantes y colaboradores de la policía en la ciudad de Medellín. Esta red estaría integrada por 1.000 estudiantes de los barrios y sectores donde el crimen y el delito están por las nubes y los miembros de la red tendrían una remuneración por sus servicios de cien mil pesos al mes. Hay que recordar que en el último año la capital antioqueña ha vuelto a ver cifras alarmantes en homicidios y que cada fin de semana la morgue de medicina legal en esta ciudad está reviviendo fuertes escenas como en los tiempos de mayor violencia y muerte a finales de los años 80 y principios de los noventa.
Han sido muchas más las críticas a esta propuesta y su apoyo escaso. Afortunadamente. Es conveniente que revisemos las consecuencias prácticas, palpables, de esta medida y lo que su espíritu implica.
La principal crítica que se le ha hecho a esta iniciativa es que los jóvenes colaboradores estarían en riesgo ante la posibilidad de que sus actividades fueran conocidas por las bandas criminales que hacen presencia en sus barrios. Esto es totalmente cierto y es evidente que su vida correría peligro. Sin embargo, poco se ha hablado de las posibles injusticias que se pudieran cometer contra pobladores del barrio que sean denunciados por los informantes por motivos ajenos a la prevención del delito o por conclusiones a la ligera que saquen estos nuevos colaboradores de la autoridad. Debemos recordar las redadas y detenciones masivas que se realizaron en los dos primeros años del Gobierno de Uribe, básicamente en regiones donde la guerrilla tenía influencia y que condujeron a resultados desastrosos y en total contravía del respeto a los Derechos Humanos. Muchas personas fueron privadas de su libertad por meses para luego recobrarla porque los motivos de su detención no tenían ningún peso jurídico. También fueron muchas las vidas y patrimonios seriamente afectados por estos hechos.
Enemistades, celos, deseos de venganza o rivalidades pueden encontrar un cause por estos medios. Que más fácil que denunciar a la persona que se odia o de la que se es enemiga, inventando o exagerando hechos y situaciones. Esto, que ya se dio en las detenciones masivas, las que terminaron siendo conocidas como “pescas milagrosas”, es totalmente posible en entornos como los que se quiere incidir con la medida propuesta. Por su parte los cien mil pesos de paga son un fuerte aliciente para que un joven, casi un adolecente, incurra en acciones irresponsables y temerarias que pongan en riesgo su propia vida, la de su familia y la de aquellos que denuncie con falsedad. El deseo de comprar ropa, tener plata en el bolsillo o ayudar a la familia induciría a cientos de muchachos a emprender estas tareas de “espionaje” y podrían entrar en circuitos de corrupción altamente dañinos para ellos y sus comunidades.
La muerte de tantas personas crea dolor y preocupación, esto conduce a buscar soluciones y alternativas para evitar tantas tragedias. Sin embargo, hay que ser muy cuidadosos en las soluciones que es busquen. Por lo general medidas como la de los informantes tienen resultados efectistas en un primer momento, que son especialmente publicitados por quien impulsa la medida, pero más adelante van acumulando desaciertos, injusticias y poca efectividad. Es más demandante reforzar las medidas de prevención, investigación y sanción institucionales y mucho más difícil y arduo producir un cambio en las propias comunidades, transformando complejas causas de la violencia.
En últimas, esta medida va de la mano de tantas otras tomadas por el Gobierno Uribe, todas de choque, de confrontación, de guerra. Este es el terreno en que más cómodo se siente el Presidente, en el que más cómodo se ha sentido siempre. Recordemos las Convivir en Antioquia cuando él era gobernador y cómo derivaron en terribles escuadrones paramilitares. Recordemos su apoyo sin limites a la “pacificación de Urabá” comandada por el General Rito Alejo del Río y llevada a cabo con total violación de los Derechos Humanos y cientos de victimas inocentes. El espíritu que les es común a todas no le hace bien a Colombia.
Nota: valdría la pena que se realizara una segunda parte del excelente documental “La Sierra” de Margarita Martínez, nos podría dar muchas luces sobre Medellín y el país.
/ Ricardo Correa Robledo
Especialista en temas de Conflicto y Paz
ricardocorrearobledo@gmail.com
