Dos juicios, dos relaciones entre políticos e ilegales
FUENTE El Tiempo
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia les abrió investigación por crímenes de lesa humanidad a ocho ex congresistas y días atrás la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por el asesinato de Manuel Cepeda, senador de la Unión Patriótica. Es una oportunidad para reflexionar sobre las relaciones que líderes políticos de diversas tendencias han tenido con organizaciones ilegales y para mirar la manera como el Estado y la sociedad han sancionado este fenómeno.
En los años ochenta, la guerrilla saltó al escenario político con la idea de buscar una apertura democrática que le permitiera competir por el poder por la vía electoral con posibilidades de éxito y en procura de ese objetivo entabló negociaciones de paz y contribuyó a la gestación de grupos políticos con expresa autorización del Estado.
Surgieron la Unión Patriótica, ligada a las Farc; el Frente Popular, vinculado al Epl, y algunos movimientos políticos regionales con influencia del M19. Incluso, el Eln, que no quiso pactar una tregua y alentar ilusiones de paz en esa década, ayudó a formar A Luchar, una organización que hacía proselitismo político y editaba un periódico con autorización legal.
Era una situación bastante irregular. Unas guerrillas en tregua relativa o en actividad tenían nexos abiertos con organizaciones políticas que se presentaban a elecciones y tenían representación en la democracia o hacían presencia en sindicatos, organizaciones sociales y universidades. El Estado autorizaba, pero era evidente que importantes sectores de la sociedad y de las instituciones no toleraban esta situación.
Empezaron "los juicios" contra los líderes políticos o sociales que tenían relación con las guerrillas. En "tribunales" clandestinos en los que participaban jefes paramilitares o mafiosos, empresarios, agentes del Estado o líderes políticos de las regiones se profirieron sentencias de muerte o destierro para miles de personas. Carlos Castaño cuenta su experiencia en el libro Mi confesión; señala que había un grupo de notables compuesto por seis personas y él les decía: "Señores, he descubierto algunos de los jerarcas de las Farc y del Eln en la legalidad. Les mostraba sus cargos o ubicación y les pasaba un papelito con sus nombres. Se iban con ellos a otro cuarto y de allí regresaban señalando el nombre o los nombres de las personas que debían ser ejecutadas".
Por decisión de "tribunales" de este tipo consultados por Castaño, por otros paramilitares y por sectores de las Fuerzas Armadas, terminaron asesinados los candidatos presidenciales Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo, 8 parlamentarios, 11 alcaldes, 13 diputados, 70 concejales y más de 4.000 dirigentes sociales y políticos de todas las vertientes de la izquierda.
Ahora se adelanta el otro juicio. Una multitud de dirigentes políticos ligados a la coalición del presidente Uribe se vincularon con los grupos paramilitares y con las mafias para capturar el poder local, influir en el poder nacional y acumular riquezas. Esta no fue una alianza presentada en público y no contó con una autorización expresa del Estado.
Sin embargo, tuvo una mayor aceptación social y fue más eficaz, comoquiera que eligió a una tercera parte del Congreso de la República en el año 2002, también 9 gobernadores y más de 250 alcaldías en el 2003. Fenómeno que se ha repetido en menor proporción en las elecciones siguientes.
La Corte Suprema y la Fiscalía General, amparadas en la Constitución y la ley, iniciaron un proceso para sancionar a estas personas y han vinculado a las investigaciones a 115 congresistas y a cerca de 400 políticos locales. Al principio, la acusación era concierto para delinquir con propósitos electorales, ahora se ha extendido a crímenes de lesa humanidad.
Estos juicios, afortunadamente, son abiertos al escrutinio de la opinión pública y cuentan con todas las garantías procesales, no se parecen a los realizados contra la izquierda.
/ León Valencia
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