Aciertos y limitaciones de la Ley de Justicia y Paz
FUENTE El Tiempo
Los precarios resultados de Justicia y Paz se deben a que la guerra no ha concluido; el Estado no ha reconocido su responsabilidad en los hechos y sólo se aplica a uno de los actores del conflicto.
La Ley de Justicia y Paz tiene aciertos que ameritan su prolongación y tiene graves limitaciones que obligan a su revisión y cambio. Las personas cercanas al Gobierno exageran sus virtudes al punto de decir que es única en el mundo y ha significado una verdadera revolución en materia jurídica y los críticos no se cansan de calificarla de manto de impunidad para los paramilitares.
La principal virtud de la ley 975 de 2005 ha sido abrir el debate nacional sobre el papel central que deben jugar las víctimas en la paz de Colombia. La ley enuncia esto y a partir de allí cerca de 300.000 víctimas se han acercado a la Fiscalía a reclamar sus derechos y han sido admitidas como sujetos de verdad y de reparación.
Otra bondad: vincular la rebaja de penas a la obligación de revelar la verdad sobre los crímenes y las estructuras criminales. Fue una modificación introducida por la sentencia C340 de la Corte Constitucional al texto que salió del Congreso, el cual dejaba a voluntad de los paramilitares la confesión de sus delitos.
La presión ha servido para que en las audiencias empiece a salir a la luz el horror sin límites que vivieron miles y miles de ciudadanos inermes durante largos años.
Menos alcance han tenido la aplicación de justicia y las tareas de reparación. De las 4.482 personas postuladas a la ley apenas 255 han pasado a la etapa de imputación de delitos y sólo hay vigentes dos sentencias condenatorias. Se ha iniciado la reparación por la vía administrativa que ha vinculado a unas 26.000 víctimas, pero aún no se ha podido aprobar una ley integral que cobije a todas las personas que han sufrido el despojo y la muerte en este prolongado conflicto.
Ahora bien, los resultados son precarios si pensamos en la magnitud de la tragedia y en los cinco años que cumple la ley. Tres cosas que explican esta situación: la guerra no ha concluido y no estamos en un auténtico periodo de transición; el Estado no ha reconocido su responsabilidad en los hechos y el Primer Mandatario no es quien lidera la aplicación plena de la ley; la medida es parcial, sólo se aplica a uno de los actores del conflicto, no a todos los bandos.
La justicia transicional tiene su plena realización cuando ha concluido un conflicto y la sociedad se apresta a un verdadero pacto de reconciliación y en ese marco decide ser generosa en el castigo penal para garantizar la verdad, dar vuelo a la reparación y, sobre todo, garantizar la no repetición de los hechos.
Aquí el conflicto está vivo y la reconciliación, lejana. El empeño del Estado es la destrucción de las guerrillas y la ilusión de estas es un triunfo o una ambiciosa negociación de paz. Las bandas paramilitares sólo han declinado parcialmente las armas.
El paso de la guerra a la paz no puede tener otro tutor que el jefe de la rama ejecutiva, que, a nombre de la sociedad, reconoce la responsabilidad del Estado en el conflicto, promueve el castigo para los servidores públicos que se desviaron de sus obligaciones constitucionales, pone en el centro de la agenda nacional la reparación y se echa al hombro la reconciliación del país.
La prioridad de Uribe fue la confrontación, no el reencuentro; fue la defensa de los políticos que se aliaron con los paramilitares y de los militares que se saltaron la legalidad, no la depuración y la reforma de las instituciones. Como acción complementaria, impulsó la aplicación de la ley a una parte de los mandos medios de los paramilitares.
La justicia transicional se ocupa de castigar a todos los combatientes o a sus mentores políticos comprometidos en crímenes contra la población civil o en graves faltas al derecho internacional humanitario. De ahí que la Ley de Justicia y Paz se debe modificar para incluir a los parapolíticos, a los militares y a los guerrilleros que estén dispuestos a la verdad, a la reparación y a la no repetición. Así mismo, se debe ligar a un proceso de paz que ponga fin al enfrentamiento armado.
/ León Valencia
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